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Regla de “Carga Pública” Entre en Vigor

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La Corte Suprema de EE.UU dio su fallo a favor de la administración Trump el viernes 21 de febrero por la noche en un caso que impugnó la regla de “carga pública”  [public charge rule] del presidente, que los críticos han llamado una “prueba de riqueza” para los inmigrantes legales.

La política en cuestión, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dificultaría la obtención de tarjetas de residencia para los inmigrantes que “probablemente en cualquier momento se conviertan en una carga pública”. La política desalienta a los inmigrantes legales en el proceso de obtener un estatus legal permanente o ciudadanía del uso de asistencia pública, incluidos Medicaid, cupones de vivienda y cupones de alimentos.

El caso escuchado por el tribunal, Wolf v. Cook County, buscó rechazar el efecto de la política en Illinois. El tribunal del distrito presentó una orden judicial preliminar, que detuvo temporalmente la política en el estado y envió el caso a la Corte Suprema. El viernes, los cinco jueces conservadores fallaron a favor de la suspensión, mientras que los jueces liberales se opusieron.

La Corte Suprema falló 5-4 en enero para levantar un mandato nacional impuesto por un juez federal en Nueva York mientras el caso se desarrollaba en la corte de apelaciones. La semana pasada, el procurador general Noel Francisco envió una solicitud pidiendo a la corte que hiciera lo mismo en orden judicial impuesta por una corte de distrito de Illinois.

La jueza Sonia Sotomayor, nombrada por Obama, emitió una opinión disidente en el fallo del viernes, acusando a la corte de tener una tendencia a fallar a favor de la administración sin examinar críticamente los casos.

El gobierno de Trump introdujo la regla por primera vez en agosto y fue recibido inmediatamente por la oposición de los defensores de la inmigración.

La Casa Blanca elogió el sábado el fallo de la Corte Suprema.

“Estamos satisfechos con el fallo de la Corte Suprema el viernes por la noche que levanta el último mandato restante sobre la regulación de la carga pública”, dijo la secretaria de prensa Stephanie Grisham en un comunicado.

“Esta regla final protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente, salvaguardará los programas de bienestar para los estadounidenses verdaderamente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes más grandes de Estados Unidos”.

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Ken Cuccinelli, describió la regla como simplemente verificar que los inmigrantes “pueden pararse sobre sus dos pies”.

La regla entró en vigencia a nivel nacional el lunes.

Los expertos advierten que la expansión de la ahora en vigencia regal de  “carga pública” ya ha tenido “efectos escalofriantes”.

El Urban Institute descubrió que uno de cada siete adultos en familias inmigrantes no participó en un programa de beneficios no monetarios en 2018 cuando se reveló por primera vez la “regla final”. Además, uno de cada cinco adultos en familias inmigrantes de bajos ingresos no buscó un programa de beneficios no monetarios también “por temor a arriesgar el estatus de visa futura”.

Los latinos, los asiático-americanos y los isleños del Pacífico se verán desproporcionadamente afectados por la regla final, según el MPI. Más de 16 millones de personas viven en familias receptoras de beneficios con al menos un latino no ciudadano y tres millones viven en familias con al menos un asiático-americano e isleño del Pacífico ambos no ciudadanos.

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